El PP dice que la anulación del estado de alarma demuestra el «fracaso» de Sánchez contra el Covid

El Partido Popular ha señalado este miércoles que el fallo del Tribunal Constitucional que tumba el primer estado de alarma del Gobierno pone de manifiesto el «fracaso» de Pedro Sánchez en su estrategia para combatir la pandemia del Covid-19.

Poco después de que el Alto Tribunal haya avalado el recurso de Vox contra el estado de alarma que estuvo vigente en España desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio, el PP ha tildado de «tremendo varapalo judicial» al Gobierno el fallo y ha opinado que la sentencia confirma que era necesaria una «Ley de Pandemias», tal y como pedía la formación liderada por Pablo Casado.

El secretario general del PP, Teorodo García Egea, ha recordado unas palabras de Casado a Sánchez en las que afirmaba que el estado de alarma aplicado por su Gobierno es más «un estado de excepción encubierto», algo que ahora ha confirmado el Tribunal Constitucional.

«El estado de alarma fue inconstitucional y las Comunidades Autónomas no saben qué aplicar ahora para luchar contra el virus», ha afirmado García Egea en sus redes sociales.

Pablo Casado lo advirtió y el Tribunal Constitucional lo confirma.

El estado de alarma fue inconstitucional y las Comunidades Autónomas no saben qué aplicar ahora para luchar contra el virus.

La respuesta jurídica a la pandemia ha sido un completo fracaso del Gobierno. pic.twitter.com/1Ej7KV5jns

— Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) July 14, 2021

Por su parte, el secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha asegurado que el fallo del TC es un «tremendo varapalo judicial» al Gobierno liderado por Pedro Sánchez.

El también consejero del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha recalcado que la decisión del Constitucional «pone de manifiesto que España necesitó y necesita una Ley de Control de Pandemias» como plantea el PP y que «Sánchez fue irresponsable y negligente por no impulsarla».

El Tribunal Constitucional ha concluido, por 6 votos a favor y 5 en contra, que las medidas decretadas por el Gobierno afectaban a derechos fundamentales recogidos dentro de la Constitución Española más allá de una simple limitación, por lo que las restricciones se deberían haber enmarcado dentro de un estado de excepción y no de alarma. Esta sentencia afecta a todas las multas impuestas durante el estado de alarma, más de 1,2 millones.